El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este miércoles la apertura de una investigación formal contra 10 funcionarios y exfuncionarios de alto nivel en Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el documento oficial, los señalados podrían enfrentar penas de hasta cadena perpetua por delitos relacionados con narcotráfico, uso y posesión de armamento de alto poder, incluyendo ametralladoras y artefactos explosivos.
Entre los implicados de mayor perfil también se encuentran el senador Enrique Inzunza Cazárez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quienes, al igual que Rocha Moya, llegaron al cargo bajo las siglas de Morena.
La acusación, presentada por la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York, señala que los funcionarios habrían participado en conspiraciones para la importación de narcóticos y la posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. En caso de ser hallados culpables, podrían enfrentar condenas mínimas de hasta 40 años de prisión.
En la lista también figuran Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra y Gerardo Mérida Sánchez, este último quien renunció en diciembre de 2024 en medio de la disputa interna entre facciones del grupo criminal.
Según la investigación, Castro Zaavedra habría recibido pagos mensuales de aproximadamente 11 mil dólares por parte de “Los Chapitos”, a cambio de brindar protección e información sobre operativos de seguridad, incluso aquellos coordinados con autoridades estadounidenses.
Asimismo, fueron señalados exmandos policiales como Marco Antonio Almanzas Áviles, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito.
Finalmente, Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, es acusado de participar en secuestros vinculados a una fuente de la DEA, hechos que habrían derivado en homicidios.
Las investigaciones continúan en curso y, hasta el momento, ninguna autoridad mexicana ha emitido una postura oficial sobre estos señalamientos.
