Por Ismael Rojas Cuellar
Después de casi 21 años de los hechos, Lydia Cacho enfrentó por primera vez directamente a Mario Marín Torres. Durante la audiencia de alegatos finales, la periodista responsabilizó al exgobernador de Puebla de ordenar su detención y tortura como represalia por las investigaciones que publicó sobre redes de trata y explotación sexual infantil.
En la diligencia virtual, realizada este jueves 29 de octubre, Cacho le reprochó al exmandatario que evitara mirarla mientras exponía sus argumentos ante la jueza María José Pech Sáenz.
“Yo no necesito leer nada para decirle que usted es responsable de haberme torturado”, expresó la periodista, quien recordó que los policías que la trasladaron de Cancún a Puebla hablaban de las instrucciones que recibían por teléfono.
Cacho sostuvo que la agresión fue un castigo por su trabajo periodístico y por documentar los abusos contra niñas y niños. También recordó la conversación telefónica entre Marín y el empresario Kamel Nacif, en la que se hizo referencia a darle un “coscorrón”.
“Usted ordenó mi castigo, lo celebró, se burló junto con Kamel Nacif”, reclamó ante la autoridad judicial.
La periodista también acusó al exgobernador de utilizar el poder político y el aparato judicial para favorecer a grupos de delincuencia organizada. Señaló que su caso no representa únicamente una lucha personal, sino una exigencia de justicia para las víctimas de explotación sexual y para quienes denuncian abusos desde el poder.
Por ello, solicitó que se imponga a Marín la pena máxima de 12 años de prisión por el delito de tortura, además de la reparación integral del daño y una disculpa pública dirigida tanto a ella como a la sociedad poblana.
Durante la misma audiencia, Mario Marín negó haber ordenado las agresiones y pidió una sentencia absolutoria. Su defensa cuestionó la validez de las grabaciones telefónicas relacionadas con el caso y sostuvo que no existen pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad.
En contraste, el Ministerio Público Federal respaldó la petición de una condena y solicitó también la pena máxima, al considerar que existen elementos para responsabilizar al exmandatario por la tortura.
La jueza deberá analizar los argumentos de ambas partes antes de emitir una resolución. El expediente consta de 66 tomos y, al cierre de la audiencia, no se había dado a conocer una fecha definitiva para la sentencia.
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