Adrián Salazar
Este jueves, mientras Gustavo Alarcón Herrera rindió protesta como presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero en el salón de sesiones y ante el pleno del Congreso del Estado, miles de personas marcharon por las principales de este municipio guerrerense hasta la plaza cívica de la cabecera municipal para exigir justicia por el asesinato de Alejandro Arcos Catalán.
Como muchos saben, el pasado domingo 06 de octubre, apenas seis días después de haber asumido el cargo como presidente municipal constitucional, Alejandro Arcos Catalán fue asesinado, por lo que su suplente es quién ahora asume el cargo; tres días antes, el jueves 03 de octubre, el entonces secretario General del Ayuntamiento, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, quien apenas llevaba tres días en el puesto, fue ejecutado a tiros en las inmediaciones de la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, en el Centro Histórico de Chilpancingo.
Este clima de violencia que padece Guerrero, particularmente Chilpancingo, es una manifestación de la política fallida de “abrazos y no balazos” de la administración federal que encabezó López Obrador, lo cual permitió que el hampa y los grupos criminales campearan asumiéndose como señores feudales de los territorios donde se encuentran, lo que se implícitamente nos dice que el Estado morenista ha sido fallido y superado por el crimen, porque, además, no se trata de un hecho aislado, sino que es un eslabón más en una interminable cadena de hechos violentos que día a día merman la paz social a la que la ciudadanía tiene derecho.
Aquí algunos datos de la organización Data Cívica. Entre junio y septiembre se han documentado al menos 162 eventos asociados con violencia política criminal. Alejandro Arcos, es el tercer edil electo que fue asesinado. Salvador Villalba, alcalde electo de Copala, Guerrero, fue asesinado el 17 de junio y Enrique Rodríguez Cayetano, alcalde electo de San Felipe Xochiltepec, Puebla, el 11 de septiembre.
También fueron privados de la vida los regidores electos Mario Lázaro Mendoza, el 9 de junio en Jacona, Michoacán, e Israel Cruz Carrizosa, el 18 de agosto en Tultepec, Estado de México y el síndico electo de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Roberto Maldonado Siller, el 31 de agosto.
En el reporte mensual del proyecto Votar entre balas, también de Data Cívica, se señala que en lo que va de 2024 suman ya 530 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas asociadas con el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos, cifra apenas menor a la registrada en 2023 (570 casos), que es la más alta desde 2018, cuando la organización comenzó a hacer estos registros.
Los estados más violentos en lo que va de 2024 son Guerrero (con 63 casos), Chiapas (60), Puebla (53), Guanajuato (52), Morelos (37), Michoacán (34), Veracruz, Estado de México, Oaxaca y Baja California (con más de 20 casos cada uno); Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Quintana Roo, Sinaloa, Zacatecas y San Luis Potosí (con más de 10 casos).
El reporte indica que en el mes de septiembre se registraron 38 eventos de violencia político-criminal; cifra que se suma a la de los meses posteriores a la jornada electoral (junio, 55; julio, 41; agosto, 28), para sumar 162 eventos de este tipo después de la jornada electoral.
Ante este contexto de inseguridad e incertidumbre, miles de ciudadanos de Chilpancingo, vestidos de blanco, se sumaron a la marcha realizada en la capital de Guerrero para exigir justicia por el asesinato de Alejandro Arcos y como un grito social de auxilio ante un gobierno que, ante su indolencia, a confinado a la sociedad a las garras de la delincuencia.
Han pasado menos de 15 días luego de que Claudia Sheinbaum Pardo asumiera el cargo como presidenta constitucional de México luego de la administración de López Obrador que se caracterizó por su fallida política de “abrazos no balazos”, colocándolo como el sexenio más violento de la historia contemporánea. La presidenta afirma que “no va a regresar la guerra contra el narco”, estrategia implementada por Felipe Calderón, y que su administración va “a usar prevención y atención a las causas (…) Los delitos de alto impacto van a disminuir porque hay una estrategia y se va a cumplir. Seguimos creyendo en la máxima de que la seguridad y la paz son fruto de la justicia; justicia social pero también un sistema de justicia que funcione y proteja a la población”. ¿Será?
Mientras son peras o son manzanas, los hechos están, la gente sigue siendo asesinada, los culpables impunes y el pueblo mexicano exigiendo justicia, una justicia que no llega. No se ve un cambio radical en la estrategia de seguridad que propone Sheinbaum a la que implementó AMLO y las consecuencias de eso, ya las conocemos. Al tiempo.
Discussion about this post