• El nuevo esquema busca que la vigilancia y las sanciones tengan un efecto restaurativo para reparar el daño causado al erario, incluyendo multas de hasta 200 mil pesos para servidores públicos
• Los proyectos estratégicos de la transformación están bajo una revisión exhaustiva que no solo evalúa la obra pública, sino también su logística, funcionamiento y operación
Tras asistir a una reunión de seguimiento con el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández, y las comisiones de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la ASF, la diputada Claudia Rivera Vivanco calificó como asertiva la estrategia de fiscalización que se está ejecutando para garantizar la rendición de cuentas en los tres órdenes de gobierno.
La legisladora señaló que el programa anual de auditorías, al cual se le está dando puntual seguimiento, marca un hito al buscar que las sanciones tengan un efecto restaurativo real ante el daño causado a la ciudadanía.
La también secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, destacó que este esquema permite aplicar multas de hasta 200 mil pesos a servidores públicos, una medida que genera un precedente fundamental para cuidar el actuar de los funcionarios y que no se tenía en administraciones pasadas.
Uno de los puntos clave destacados por la diputada fue la auditoría integral que se realiza a los megaproyectos de la Cuarta Transformación. Explicó que estas revisiones no solo se centran en la obra pública, sino también en su funcionamiento, logística y operación. Esta fiscalización profunda, afirmó, abona a la transparencia y otorga certidumbre a la ciudadanía y a la oposición sobre el uso correcto, adecuado y óptimo de los recursos públicos en los proyectos estratégicos del país.
Asimismo, la integrante del Grupo Parlamentario de Morena hizo un llamado a mantener el prestigio de la Auditoría Superior de la Federación, instando a las y los legisladores a vigilar que no se retomen conductas del antiguo régimen, como la intervención de gestores o auditores privados que intentan hacer uso de contactos particulares dentro de la institución.
Finalmente, subrayó que la responsabilidad de todos los servidores públicos es garantizar que la fiscalización se realice bajo un cumplimiento estricto de la legalidad, protegiendo los avances logrados con la reciente reforma aprobada en la Cámara y el fortalecimiento del reglamento interno del organismo.
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