Morena busca empoderar a municipios: Claudia Rivera propone que cabildos puedan impugnar leyes ante SCJN

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2026

• La iniciativa busca que el 33 por ciento de los regidores tenga el poder de frenar normas inconstitucionales, nivelando la cancha con estados y federación

• «Es momento de que el orden de gobierno más cercano a la gente deje de estar indefenso ante excesos legales»: Rivera Vivanco

Con el objetivo de fortalecer la autonomía municipal y equilibrar el sistema de justicia constitucional en México, la diputada Claudia Rivera Vivanco, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“La propuesta busca otorgar a los Ayuntamientos la legitimación necesaria para promover acciones de inconstitucionalidad, una facultad que actualmente solo poseen la Federación y las entidades federativas”, explicó la también secretaria de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal.

El planteamiento central radica en que, a pesar de que el artículo 115 constitucional reconoce al municipio como un orden de gobierno con autonomía técnica y de gestión, este carece de herramientas jurídicas directas para impugnar leyes federales o locales que contravengan la Carta Magna o invadan sus competencias.

“La reforma propone que el equivalente al 33 por ciento de los integrantes de un cabildo pueda interponer este recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no solo contra normas externas, sino también contra reglamentos expedidos por el propio órgano que resulten violatorios de la norma suprema”, detalló la morenista.

Esta medida, dijo, busca combatir la vulnerabilidad normativa de los municipios y establecer un control de legalidad frente a posibles excesos o abusos en la aprobación de bandos y circulares que, en ocasiones, se emiten sin el debido rigor constitucional. Al permitir que las minorías dentro de los Cabildos activen este mecanismo, se garantiza el principio de subsidiariedad y se fomenta una cultura de legalidad desde el orden de gobierno más cercano a la población.

“Con esta adición al inciso j) del citado artículo, se pretende que los Ayuntamientos dejen de enfrentar un trato diferenciado ante la ley y cuenten con recursos legales equiparables a los de las legislaturas estatales y federales, consolidando así un Estado de Derecho donde la jerarquía municipal sea respetada y defendida en los tribunales de mayor jerarquía”, puntualizó Rivera Vivanco.