Ocho vialidades de Puebla capital y la zona metropolitana fueron liberadas luego de las protestas de familiares de personas privadas de la libertad en el penal de San Miguel, quienes exigieron la reubicación de su director, Jorge Ortiz Delgadillo, por presuntos cobros ilegales y agresiones contra internos.
Tras el retiro de los bloqueos, el subsecretario de Desarrollo Político, Rodolfo Huerta Espinosa, informó que el Gobierno estatal revisará el desempeño del funcionario para determinar si existen responsabilidades administrativas o de otra índole.
Durante las movilizaciones, los inconformes denunciaron supuestos cobros para acceder a determinados espacios y condiciones de internamiento, además de amenazas y agresiones contra sus familiares.
Entre las cantidades señaladas por los manifestantes se encuentran pagos de entre 50 mil y 60 mil pesos para bajar al patio, así como ocho mil pesos para permanecer en una celda. Estos señalamientos corresponden a testimonios de los familiares y no han sido acreditados mediante una investigación oficial.
Los manifestantes también responsabilizaron al director del penal por las presuntas irregularidades y exigieron su salida. En el desarrollo de las protestas, algunos inconformes ingresaron a Casa Aguayo y derribaron las vallas colocadas en el inmueble para exigir atención de las autoridades.
El Gobierno estatal señaló que el diálogo permitió alcanzar acuerdos y restablecer la circulación en los ocho puntos donde se instalaron los bloqueos, aunque no detalló públicamente los compromisos específicos asumidos.
Huerta Espinosa indicó que las denuncias tendrán seguimiento y que, en caso de comprobarse irregularidades, se aplicarán las sanciones correspondientes.
Hasta el momento, no se ha anunciado la separación del cargo de Jorge Ortiz Delgadillo mientras continúa la revisión de los señalamientos.
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