Abuso institucional

• Justicia en silla de ruedas, cuando la Fiscalía se arrodilla ante el poder
• De la ley al escarmiento, la peligrosa deriva de la Fiscalía en Puebla

Por Manuel CARMONA

Hay decisiones que no solo exhiben falta de criterio, sino que abren grietas peligrosas en el Estado de derecho. La actuación en Puebla de su Fiscal General Idamis Pastor Betancourt se inscribe en ese terreno resbaladizo, donde la justicia deja de ser institución para convertirse en instrumento.

Poner la Fiscalía Especializada en Violencia de Género al servicio de intereses políticos —particularmente de la dirigente estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci Crespo— no solo es imprudente: es una señal alarmante de captura institucional. Más aún cuando el resultado de esa decisión es la detención de una mujer de 85 años, Estela Romero Bringas, en condiciones de extrema vulnerabilidad: en silla de ruedas y dependiente de oxígeno.

El despliegue no fue menor. La participación del Ejército mexicano en un operativo de esta naturaleza, no solo resulta desproporcionada, sino profundamente perturbadora. ¿Qué amenaza real representaba una anciana en esas condiciones para justificar tal exhibición de fuerza? La respuesta no parece estar en la legalidad, sino en la voluntad de escarmentar, de enviar un mensaje.

Este episodio no ocurre en el vacío. Se suma a una cadena de tropiezos que han erosionado el entorno político del gobernador Alejandro Armenta Mier. Los abucheos en San José Chiapa, las críticas en el llamado festival Glow 2026, la resistencia social al proyecto del cablebús y el revés a la ley de ciberasedio configuran un escenario adverso. En ese contexto, la actuación de la Fiscalía no ayuda en nada a apagar un incendio; por el contrario, lo aviva.

La justicia, cuando se usa como herramienta política, pierde legitimidad y credibilidad. Y cuando se ejerce con exceso contra los más vulnerables, pierde también cualquier asomo de autoridad moral. Lo ocurrido con Estela Romero Bringas, no solo es un caso que merece revisión; es un síntoma de algo más profundo: la normalización del abuso, bajo el disfraz de la legalidad.

Si el gobierno estatal no corrige el rumbo, este tipo de episodios no solo seguirán acumulándose, sino que terminarán por definirlo. Porque en política, como en la justicia, las formas son fondo. Y aquí….ambas están fallando…