Puebla, Pue. El Tribunal Colegiado del Sexto Circuito ordenó prisión preventiva justificada contra seis elementos de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, así como contra un exjuez involucrado, tras revocar la resolución que les permitía enfrentar su proceso en libertad, al considerar que dicha medida ponía en riesgo a las víctimas, comprometía la integridad de las pruebas y facilitaba una posible evasión de la justicia.
Los hechos que dieron origen al caso ocurrieron el 10 de marzo de 2023, cuando dos reporteras del medio Enlace Noticias, acompañadas de otras jóvenes activistas, fueron detenidas arbitrariamente por elementos municipales. Las víctimas denunciaron haber sido privadas de su libertad, amenazadas, obligadas a desnudarse y sometidas a tortura mientras se encontraban bajo custodia.
Al día siguiente, fueron liberadas tras el pago de una multa por presunta alteración del orden público. No obstante, inmediatamente se interpuso una denuncia formal contra los elementos de seguridad involucrados, así como contra las autoridades responsables de su actuación.
Dado que las víctimas eran comunicadoras, el caso fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. La investigación incluyó inspecciones, entrevistas a los señalados, revisión de archivos de seguridad y otras diligencias ministeriales.
Aunque el 11 de julio de 2024, una jueza federal dictó medidas cautelares no privativas de la libertad, esta decisión fue apelada tanto por la FGR como por los representantes legales de las víctimas. Finalmente, el pasado 30 de abril de 2025, el Tribunal Colegiado resolvió revocar dicha disposición.
En su resolución, el Tribunal estableció:
- Primero, revocar las medidas cautelares emitidas por la jueza de control.
- Segundo, imponer prisión preventiva justificada como única medida cautelar.
- Tercero, instruir el cumplimiento inmediato de esta orden al Centro de Justicia Penal Federal en Puebla.
- Cuarto, emitir la sentencia de forma escrita conforme al marco legal.
- Quinto, proteger los datos personales de las partes en la versión pública de la resolución.
Esta decisión marca un avance sustancial en el acceso a la justicia para las víctimas, quienes fueron atacadas en el ejercicio de su derecho a la libre expresión y participación ciudadana, consagrados en la Constitución.
Si bien los implicados son considerados responsables materiales, diversas organizaciones han subrayado que los hechos no pudieron haberse llevado a cabo sin el respaldo o consentimiento de autoridades superiores, por lo que exigen que el proceso investigue también a los autores intelectuales de estos actos.
“Esperamos que la justicia llegue también a quienes ordenaron o encubrieron estos delitos, que no solo atentaron contra la libertad de expresión y el derecho a la manifestación, sino también contra los derechos humanos de mujeres que defendían causas legítimas”, señalaron voceros de las víctimas.
El seguimiento a este caso continuará, con la exigencia de castigo a todos los responsables y la plena garantía de justicia para las reporteras, activistas y mujeres que fueron violentadas por quienes juraron protegerlas.
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