Por Manuel CARMONA

Si vas a infringir la ley, que solo sea para tomar por asalto el poder
si no es así, lo conducente es observarla.
Julio César
Político y militar romano del siglo I (A.C.)

Inicié con esta cita mi comentario semanal porque la considero muy pertinente en concordancia con los tiempos que estamos viviendo en México. Solo para tratar de darle una explicación al sinsentido y a la espiral de ilegalidad en la que ya estamos inmersos y que a nada bueno nos puede llevar.

Lo que quiero poner como punto de partida, que hasta uno de los más grandes conquistadores de la historia universal como fue el caso del general y emperador romano Cayo Julio César, hasta nuestros días, siempre se ha hecho hincapié en la trascendental importancia que quienes ostentan el poder deban sujetarse a la potestad de ley.

Acto seguido, también vienen a mi mente inevitablemente mis primeras horas en las aulas de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales donde pude conocer la obra del gran maestro emérito de la UNAM, Eduardo García Maynez, de quién todos los abogados de hoy fuimos discípulos a distancia, gracias a su INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO que publicó editorial Porrúa en 1940 y se convirtió en el libro de cabecera de miles y miles estudiantes de leyes en el mundo de habla hispana en las últimas ocho décadas, de donde aprendimos que una de las principales características de la ley es su OBLIGATORIEDAD.

Por esa razón es que no le encuentro sustento, cuál podría ser el fundamento para ignorar y desacatar una SUSPENSION, dictada por una juez federal en funciones, (porque aún no ha sido destituída de su cargo) por lo tanto está en pleno ejercicio de sus atribuciones legales, en la que ordena dar de baja la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación que se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación.

La ley de amparo vigente hasta el día de hoy (mientras no se les ocurra desaparecerla para que no les cause molestias) establece en su artículo 262, que se impondrá una pena de tres a nueve años de prisión y multa de 50 a 500 días, además de que procede la destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo:

III.- No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en el que incurra.

Hasta donde vamos en este momento me lleva a considerar que si el oficialismo no piensa tomar por asalto al poder, porque ya lo tienen, carece entonces de sentido, de justificación política, ética o filosófica, ese tono recurrente de la violación sistemática de la ley por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo en México, por lo que les correspondería entonces someterse incondicionalmente al imperio de la ley.

El caso es que no lo están haciendo ni se ve intención alguna de pretender hacerlo en el futuro inmediato.

Por el contrario lo que acabamos de ver es que el pasado jueves 24 de octubre en sesión del Senado de la República por 81 votos a favor y 36 en contra, el Poder Legislativo le dio permiso al Poder Ejecutivo, para desacatar a otro poder: el Poder Judicial Federal, con lo que se ha cumplido con el peor de los escenarios:

Estamos presenciando un acto sin precedentes que busca la fusión material del Poder Ejecutivo y el Legislativo en un bloque monolítico contra el Poder Judicial.

Que grave momento para el Estado constitucional y la división de poderes, pilares de nuestra joven democracia conquistada apenas en el año 2000, hace 24 años. La Constitución es clara en cuanto a la independencia de los poderes y la obligación de todos los órganos del Estado de acatar las resoluciones judiciales.

Puedo entender que exista molestia e inconformidad por la resolución de la juez de distrito Nancy Juárez con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, pero hay vías legales para combatir y tal vez para anular jurídicamente el auto de suspensión dictado por el órgano jurisdiccional federal, pero no ignorarlo, eso aquí y en China se llama desacato.

Lo que desde un principio pretendió la Presidencia de la República no fue una consulta, sino lo que quiso construir fue una coartada política para poder “desconocer legalmente” y dejar en ridículo al Poder Judicial Federal, pero lo que han pasado por alto que al mismo tiempo están cometiendo un delito sin pudor alguno.

Un mal mensaje al mundo. Un mal mensaje a los capitales que podrían generar duda en futuras inversiones ante la falta de seguridad jurídica ante el debilitamiento de los tribunales y un muy mal mensaje a un importante segmento de la población en México que percibe con una gran preocupación que el gobierno ya no tomará en cuenta las resoluciones judiciales y se someterán a consulta, votación o tómbola, para definir si se les hace caso no.

Hemos entrado ya a un camino sin retorno para presenciar, no la materialización de una reforma constitucional, sino los funerales del estado de Derecho, en donde las actuaciones de los tribunales, dependerán del visto bueno de los demás poderes, quienes deberán deliberar y determinar su cumplimiento siempre y cuando no desagrade de algún modo a los planes del Poder Ejecutivo….

El autor es abogado, escritor y analista político.