Durante la Ceremonia Cívica Conmemorativa al CCLVII Aniversario del Natalicio de Josefa Ortiz de Domínguez y al CLXIII Aniversario del Velatorio de Ignacio Zaragoza Zeguin, el presidente municipal Juan Manuel Alonso volvió a generar duda sobre su conocimiento jurídico por su cercanía con sectores religiosos en un evento que, por definición, debería mantenerse en el marco cívico y republicano.
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Artículo 130 establece de manera tajante que “el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo”, subrayando que los asuntos de gobierno deben ejercerse al margen de la influencia religiosa.
Sin embargo, el edil ha sido señalado por dar protagonismo a figuras eclesiásticas en espacios públicos y conmemoraciones oficiales, lo que no solo contradice la letra de la Constitución, sino que vulnera el espíritu de un Estado laico que garantiza la neutralidad y la pluralidad en materia de creencias.
Ciudadanos con criterio
puntan que mientras los símbolos patrios honran la memoria de personajes como Josefa Ortiz de Domínguez e Ignacio Zaragoza, defensores de la independencia y soberanía nacional, Alonso distorsiona estos homenajes al permitir que lo religioso se mezcle con lo gubernamental.
La incongruencia del alcalde abre dudas sobre los límites del poder municipal y la obligación de respetar la laicidad como uno de los pilares fundamentales de la democracia mexicana. Para muchos, no se trata de un detalle menor, sino de una clara violación a los principios constitucionales que, en pleno siglo XXI, no pueden ser ignorados ni relativizados.
