La política de seguridad pública que se implementó en el sexenio pasado, parece no haber rendido los frutos necesarios para lograr contener la criminalidad en nuestro país y la actual administración ha considerado necesario dar un golpe de timón para en efecto, dar resultados hacia la ciudadanía en este tema delicado.
Por cierto, y entre paréntesis, esta semana leí que cierto gobierno municipal, anunciaba como una “política pública” el determinar espacios de estacionamiento para las motocicletas. No cabe duda que a veces, a nuestros políticos, les gusta una palabrita y la usan sin ton ni son. Política pública en su concepción más elemental, significa emprender acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones; entonces, pintar rayitas en la calle, no constituye ninguna política pública.
Regresemos a lo que nos ocupa en esta colaboración. Al fracaso de una política de seguridad de no confrontación, los resultados en el incremento de la comisión de delitos de alto impacto, fue evidente, y por ello, México se ha colocado en este momento como un férreo colaborador de nuestro vecino del Norte para emprender acciones de impacto que deriven en detenciones, procesamientos judiciales, e incluso de ser necesario extradiciones.
Pero ello, no puede presentarse por generación espontánea y surge la necesidad de realizar una serie de modificaciones no solo operativas sino legislativas para otorgar mayores capacidades a las autoridades de seguridad y es aquí, donde comienza a surgir la duda y si se me permite, hasta la preocupación.
Hay que recordar que el Estado como figura de creación social, surgió precisamente para poder garantizar el desarrollo de las comunidades y la vida en paz. Durante su historia, ha pasado por diversas etapas que solo me ocuparé de mencionar: al Estado Absoluto, el Estado Guardián (o policía), el Estado intervencionista y el Estado de Bienestar, todos ellos parte de un proceso cronológico y sociológico.
Pues bien, estas reformas y modificaciones han tenido lugar en la propia Constitución Mexicana, a partir de la reforma al artículo 21 Constitucional en donde se le ha dotado de mayores facultades a los cuerpos de seguridad pública en materia de investigación y se ha relacionado también con la limitación de la facultad de interpretación de la norma que otrora tuvieron los juzgadores, para limitarlos a un ejercicio mecánico de aplicación de la Ley y además la implementación de otras variables legales como lo es la aprobación de las modificaciones a la Ley de Prevención de Operaciones con recursos de procedencia ilícita y la criticada Ley del Sistema Nacional de Investigación e inteligencia en materia de Seguridad Pública.
Todos estos cuerpos normativos, son justificados por el gobierno en turno con el ánimo de generar mayores condiciones para el combate a la delincuencia, lo que como discurso político puede resultar muy atractivo. El problema surge, cuando la cosquilla del autoritarismo y la arbitrariedad rondan en las autoridades de seguridad pública, quienes pudieran utilizar estas herramientas para la vigilancia ilegal y la observación no solo de los delincuentes, sino de quienes en su participación social o política sean críticos del gobierno, y entonces, esa regresión al Estado policial, al Estado que “cuidadito con lo que hagas” se antoja sumamente peligroso y sobre todo contrario a la misión de núcleo constitucional de Derechos Humanos.
Y es que México tiene historia en esos temas, en donde habría que exigirnos a nosotros no tener corta memoria y a nuestros jóvenes, echarse un clavado en la historia de la segunda mitad del siglo XX en México para que se den cuenta que penurias hemos pasado como país, cuando a algún simpático se le ocurre, utilizar la fuerza del Estado y el rigor de una ley que no necesariamente atiende a la justicia, para imponer su voluntad, dejando de lado toda protección a la dignidad humana y a los Derechos Fundamentales.
Por lo pronto, las leyes están aprobadas, esperemos que esos mecanismos amplísimos otorgados en materia de seguridad pública sean eficaces y eficientes para poder combatir al crimen y no para soslayar y causar agravio a quienes no piensan igual, mientras esto ocurre, te invito a que, “caminemos derecho”.
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