El caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, representa una de las crisis más graves para la narrativa de la Cuarta Transformación.
Bermúdez no es cualquier funcionario menor; es un excomandante estatal que hoy tiene una orden de aprehensión internacional por presuntos vínculos con “La Barredora”, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación. El hecho de que haya sido protegido, promovido y respaldado durante años por una figura clave como Adán Augusto pone en entredicho el discurso de lucha contra la corrupción y la criminalidad que Morena ha enarbolado desde 2018.
Mientras la justicia lo busca, el Congreso —dominado por Morena— ha bloqueado intentos de investigar el caso a fondo. Esto no solo genera sospechas, sino que contradice el principio de no impunidad que el presidente López Obrador prometió.
La 4T enfrenta una disyuntiva: marcar distancia y abrir la puerta a la rendición de cuentas, o cargar con el costo político de encubrir a uno de los suyos. La reacción de Morena, hasta ahora tibia y defensiva, deja claro que el poder sigue operando con reflejos del viejo régimen.
El caso Bermúdez no es una anécdota, es un síntoma. Y si no se atiende con firmeza, se convertirá en una herida profunda que termine por deslegitimar el proyecto transformador desde dentro.
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