Puebla, Puebla – El diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Puebla, con el objetivo de implementar acciones que contrarresten el fenómeno de la gentrificación en diversas zonas de la entidad.
Durante la presentación de la propuesta, Aurioles Barroeta explicó que la gentrificación, entendida como el proceso de desplazamiento de habitantes de zonas populares por el aumento de los costos de la vivienda y los servicios, ha generado un impacto negativo en la calidad de vida de muchas familias poblanas, especialmente en las áreas urbanas de alta demanda.
“Durante la presentación mencionó que el Estado y los municipios asuman un papel activo en la planificación urbana y el desarrollo territorial para evitar que los sectores más vulnerables sean desplazados de sus hogares debido a la especulación inmobiliaria. Esta reforma busca garantizar que las políticas urbanísticas estén enfocadas en la inclusión social y la protección de quienes más lo necesitan», afirmó el legislador.
La iniciativa propone una serie de medidas para regular el crecimiento urbano, promoviendo el acceso equitativo a la vivienda y priorizando el bienestar de las comunidades locales. Entre las acciones planteadas se incluyen la creación de mecanismos de protección para los residentes de áreas en riesgo de gentrificación, así como el impulso de programas de vivienda accesible y la regulación del desarrollo de proyectos inmobiliarios para que respeten los intereses de la población vulnerable.
Además, se contempla la colaboración entre los tres niveles de gobierno para asegurar que las políticas urbanas no solo favorezcan el crecimiento económico, sino que también fomenten el desarrollo social de manera justa y equilibrada.
Con esta iniciativa, Aurioles Barroeta busca avanzar hacia una ciudad más equitativa, en la que todos los ciudadanos tengan acceso a un entorno urbano adecuado sin ser desplazados por la especulación inmobiliaria. La propuesta se encuentra en proceso de análisis y, de ser aprobada, representaría un paso importante en la protección de las comunidades más afectadas por los efectos de la gentrificación en el estado.
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