Por José Manuel Trinidad Corona / @Piwiinfo_Red
San Martín Texmelucan, Puebla. Una red de presunta corrupción se ha establecido en el sector del transporte público en San Martín Texmelucan, Puebla. Transportistas acusan a funcionarios municipales de exigir pagos ilegales mensuales para permitirles operar, sin que estos recursos sean reportados de manera oficial o ingresen a las arcas del Ayuntamiento.
Cuotas ilegales disfrazadas de “tandas”
Transportistas y concesionarios, provenientes de más de 50 rutas que circulan tanto dentro como fuera del municipio —incluidas unidades de servicio público particular como taxis—, denunciaron que se les exige pagar entre 5 mil y 20 mil pesos mensuales, dependiendo de la ruta, el trayecto, y el estado del que provenga la unidad.
Estas cuotas, conocidas internamente como «tandas«, no cuentan con ningún tipo de respaldo legal o fiscal. No se emiten recibos, ni existe un documento que justifique el cobro o acredite el destino del dinero. Según los testimonios, el cobro se realiza de manera discrecional y arbitraria, a través de intermediarios presuntamente vinculados a la Secretaría de Gobernación del Ayuntamiento de Texmelucan.
Transportistas estiman que esta recaudación ilegal representa un ingreso mensual de hasta 400 mil pesos, dinero que no se transparenta ni se reporta oficialmente.
Extorsión sistemática y temor a represalias
Algunos de los concesionarios entrevistados, quienes solicitaron el anonimato por miedo a represalias, identificaron a uno de los presuntos cobradores con el nombre de “Brandon”, quien actúa como emisario y representante de los funcionarios involucrados. “Llega a pedir la cuota, sin papeles, sin respaldo, pero todos sabemos que si no pagas, te quitan la unidad o te prohíben trabajar”, expresó uno de los afectados.
Esta práctica se ha extendido a unidades provenientes de municipios cercanos y de otros estados del país. Los transportistas aseguran estar en una situación de constante hostigamiento, sin protección legal y sin posibilidad de denunciar abiertamente.
Sin respaldo de las autoridades estatales
Ante esta situación, los afectados han buscado el apoyo de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, encabezada por Silvia Tanús Osorio, para exponer los abusos de las autoridades municipales. Sin embargo, hasta el momento, no han recibido una respuesta concreta ni medidas que garanticen la legalidad y transparencia en el funcionamiento del transporte público en la región.
Permiso a rutas ilegales, a cambio de pagos
La red de corrupción no solo implica el cobro a rutas establecidas, sino también la autorización de rutas ilegales, a cambio de cuotas. Una de estas rutas, que se dirige hacia la Ciudad de México, operaba de forma itinerante desde la calle 16 de Septiembre, donde anteriormente se ubicaba el rastro municipal.
A pesar de que esta ruta no cuenta con el reconocimiento ni permiso de la Secretaría de Movilidad estatal, fue permitida por la administración municipal anterior, encabezada por Norma Layón, de acuerdo con testimonios y denuncias vecinales.
Zafarrancho por invasión de espacio público
Hace algunos meses, se registró un altercado en dicha base itinerante. Vecinos de la zona denunciaron la alteración del orden público, debido a que los operadores de la ruta invadieron la vía sin autorización. A pesar de las quejas, la ruta continuó operando, lo que refuerza las sospechas de que existe un acuerdo irregular entre transportistas ilegales y funcionarios municipales, bajo el amparo de cuotas económicas.
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