Con nuevo ‘decretazo’, AMLO trastoca el equilibrio constitucional: expertos

Con el nuevo decreto publicado para blindar las mega obras de su proyecto bajo el argumento de “interés público y seguridad nacional”, el presidente Andrés Manuel López Obrador está desafiando el orden constitucional y, aunque no es un desacato abierto a la Suprema Corte, sí muestra que el mandatario ha institucionalizado el “rechazo presidencial”, señalaron expertos en la materia entrevistados en Aristegui en Vivo.

La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra; el constitucionalista de la UNAM, César Astudillo; el exconsejero electoral, Alfredo Figueroa; y el analista Leonardo Nuñez, de Mexicanos Contra la Corrupción, abordaron con la periodista Carmen Aristegui el nuevo ‘decretazo’ del presidente López Obrador, tras el fallo de la Corte en contra del decreto de 2021 que blindaba sus ‘megaobras’ para no transparentarlas.

La presidenta del INAI dijo a Aristegui que tomó al órgano litigar y ganar la impugnación que presentaron ante la Corte en contra del decreto de López Obrador que protegía a sus proyectos de cumplir con la obligación de transparentarse.

Sin embargo, con el decreto del jueves por la tarde, López Obrador volvió a poner estos candados a obras determinadas -Tren Maya, Corredor Interoceánico y aeropuertos de Palenque y Tulum-, a pesar de que 8 de 3 ministros determinaron que dicho decreto viola el derechos de acceso a la información que contempla la Constitución.

“Ayer, la Corte determinó que el decreto de 2021 es inconstitucional. Y ahora, el nuevo decreto, es similar, pero sólo disminuye el número de obras donde se determina que deben estar clasificadas por interés público y seguridad nacional, y eso es justo lo que la Corte determinó que es inválido”, dijo Ibarra.

“Es importante referir que el acuerdo publicado es un acto que nos pone en riesgo de que se clasifique de forma indebida información sobre obras importantes para el gobierno de México y a las que se destinan cantidades relevantes de recursos públicos”, agregó Ibarra.

Por ahora, los 4 comisionados del INAI analizan que acciones tomar, pues debido a que no tienen quórum legal por el veto impuesto por AMLO y a que Morena rechaza nombrar a los comisionados que faltan, están legalmente impedidos a presentar una acción ante la Corte.

Por su parte, César Astudillo, profesor constitucionalista de la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo que el nuevo decreto de López Obrado es la “institucinalización del rechazo presidencial”.

Astudillo fue claro al señalar que no estamos ante un desacato judicial cometido por el presidente ante un fallo de la Corte, pero sí lo colocan en un acto de desobediencia.

“Quiero hacer la diferencia entre un acto de oposición y un acto de desacato. Desacato implica otra dimensión, que ante un fallo de la Corte (el presidente )decida desobedecerlo, y eso no ha ocurrido. El presidente sabe bien lo que implica el desacato, hay que recordar la historia del desafuero”, recordó el constitucionalista.

El especialista en derecho dijo que se debe esperar el engrose de la Corte, es decir, la sentencia completa que incluya los efectos del fallo.

Por su parte, el exconsejero electoral Alfredo Figueroa dijo que la rendición de cuentas y la transparencia forman parte de las leyes mexicanas, y no deberían estar sometidas al deseo o capricho de un presidente.

Figueroa dijo que es falaz el argumento de López Obrador sobre que protege las obras de “los malos” y a favor del “pueblo”, pues él debería ser el primero en cumplir con la constitución.

“Estamos viendo como el orden constitucional está siendo trastocado”, dijo Figueroa.

Por su parte, Leonardo Núñez, de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, dijo que el gobierno de López Obrador también ha incumplido en rendir cuentas a través de la plataforma Compranet, pues aunque ahí deben publicarse todos los contratos de obras públicas, este gobierno en particular no ha publicado toda la información que deben o incluso la han cargado mal en el sistema.

Agregó que con la información pública disponible han podido documentar que las contrataciones vía adjudicaciones directas han pasado de representar  37 de cada 100 pesos, cuando antes sólo eran 14 pesos.