Ocho años después, Elia Tamayo sigue sola en la lucha por justicia
Puebla, Pue. — El nombre de Chalchihuapan se convirtió en una herida abierta en la memoria colectiva de Puebla. No por un acto heroico ni una victoria social, sino por el asesinato de José Luis Tehuatlie Tamayo, un niño de 13 años que cayó víctima de una bala de goma durante una represión policial ordenada desde las altas esferas del poder en 2014. Ocho años después, ni un solo mando de alto nivel ha pisado una celda. La justicia, como tantas veces en México, fue sustituida por el silencio institucional.
Elia Tamayo, madre del menor, compareció una vez más ante los medios. Frente a las cámaras y con el corazón desgastado, denunció que el caso sigue en el limbo jurídico, con apenas un sello de «recibido» como respuesta oficial a sus reclamos.
El patrón del olvido
Tampoco hay novedad en los nombres. Facundo Rosas, entonces secretario de Seguridad Pública; Víctor Carrancá, exprocurador; y Juan Pablo Piña, operador de Rafael Moreno Valle. Todos han sido señalados. Ninguno ha sido llamado a declarar. Ni la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue suficiente para sacudir la inercia.
En su momento, seis policías fueron sentenciados. Cumplieron su condena y salieron. Las estructuras de poder, en cambio, quedaron intactas. Para Elia Tamayo, la única justicia que ha llegado ha sido la “divina”: la muerte en helicóptero de Moreno Valle y Martha Erika Alonso; la reciente detención de Facundo Rosas, aunque por otro caso, en Ciudad de México.
Chalchihuapan no fue un accidente
El 9 de julio de 2014, la protesta en la carretera Puebla–Atlixco era pacífica. Pobladores pedían la devolución de las oficinas del Registro Civil en sus comunidades. El gobierno respondió con gases, granaderos y proyectiles. José Luis no era un líder, ni siquiera un activista. Solo un niño. Pero su muerte se convirtió en símbolo de una represión impune.
¿Un gobierno de puertas abiertas?
Durante su participación en el “Martes Ciudadano”, Elia Tamayo volvió a tocar la puerta de Casa Aguayo. Aún cree, o quiere creer, que el actual gobierno estatal —ahora con Alejandro Armenta al frente — puede presionar para reabrir el caso.
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