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Representantes de casi 100 organizaciones acudieron a la Suprema Corte para presentar argumentos en contra del plan B de reforma electoral que impulsó el gobierno federal y la mayoría de Morena en ambas cámaras.
Las organizaciones se aglutinan en el movimiento “Yo defiendo la democracia”, que se unió a las manifestaciones en diversas ciudades para defender a la autoridad electoral.
El máximo tribunal ya invalidó la primera parte de los cambios electorales, pero siguen en estudio y pendientes de debate cambios a cuatro leyes.
Los instrumentos jurídicos se presentaron como Amicus Curiae, en los que exhiben argumentos en contra de los cambios electorales propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Argumentan que son “inconstitucionales en el fondo y en la forma, violatorios al proceso legislativo y desmantelan la estructura fundamental que organiza todas las elecciones en México”.
El primero de los instrumentos argumenta a favor de mantener la suspensión del conjunto de la reforma, “pues sus efectos son tan destructivos, que comenzar la implementación, traería daños irreparables de cara al proceso electoral que comenzará este mismo año”.
Se argumenta que hubo errores y omisiones en el proceso legislativo y se exponen presuntas inconstitucionalidades.
Liga de organizaciones
Las organizaciones han convocado y han marchado en las dos movilizaciones nacionales para alertar los presuntos riesgos de la reforma.
Entre ellas están Práctica Democrática, Voto por el Clima, México Unido contra la Delincuencia, Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Nosotrxs, La Red de Rendición de Cuentas, Cemefi, Transparencia Mexicana, Borde Político, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Causa en Común, entre otras.
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