El exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, recibió una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) que contempla una inhabilitación de 15 años para ocupar cargos públicos municipales y una multa de 15 millones de pesos, por presuntas faltas administrativas relacionadas con su gestión.
Rivera confirmó que fue notificado de la determinación, aunque aclaró que no es definitiva y anunció que recurrirá a las instancias correspondientes para impugnarla.
A través de un posicionamiento público, el exedil panista rechazó los señalamientos y sostuvo que su administración se condujo conforme a la legalidad. También negó que la resolución acredite un mal manejo de recursos públicos y cuestionó que se le atribuya un supuesto abuso de funciones.
Eduardo Rivera acusa persecución política
El exalcalde cuestionó el momento en que se dio a conocer la resolución, al señalar que coincide con el inicio de la ruta electoral de 2027.
Rivera consideró que existen posibles motivaciones políticas detrás del procedimiento y calificó el caso como parte de un ataque sistemático en su contra.
Asimismo, adelantó que presentará pruebas y utilizará los recursos legales disponibles para defender su postura ante las autoridades.
Bernardo Arrubarrena también enfrentaría sanciones
La resolución también alcanzaría a Bernardo Arrubarrena García, quien se desempeñó como secretario de Administración y Tecnologías de la Información durante el gobierno municipal de Eduardo Rivera.
De acuerdo con la información difundida, el exfuncionario enfrentaría una multa de 10 millones 500 mil pesos y una inhabilitación de 10 años para ocupar cargos públicos.
Las observaciones de fiscalización
El procedimiento se relaciona con revisiones realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) a las cuentas públicas de la administración municipal.
Entre los antecedentes se encuentran observaciones correspondientes a los ejercicios fiscales 2022 y 2023, que en conjunto sumaron aproximadamente 306.9 millones de pesos en pliegos de observaciones, según los datos proporcionados.
Entre los conceptos cuestionados se mencionan contratos de producción, difusión y logística, así como documentación que, de acuerdo con las revisiones, no habría acreditado suficientemente la prestación de determinados servicios.
Estos montos corresponden a observaciones de fiscalización y no deben confundirse con las multas individuales atribuidas a Rivera y Arrubarrena.
La resolución todavía puede ser impugnada
El caso abre un nuevo frente administrativo para el exalcalde poblano, quien sostiene que defenderá su nombre y sus derechos mediante los mecanismos legales disponibles.
El alcance definitivo de las sanciones dependerá de los recursos que se presenten y de las determinaciones que emitan las instancias competentes.
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