El bloqueo de la autopista México-Puebla, a la altura de San Martín Texmelucan, dejó nuevamente en evidencia el descontento de un sector de la ciudadanía con la actuación del sistema de justicia. La protesta fue detonada por la presunta muerte de un perro por disparos de arma de fuego, caso por el que los manifestantes exigieron que los responsables fueran procesados conforme a la ley.
Durante varias horas, ciudadanos cerraron la circulación para exigir una respuesta de las autoridades, al considerar que el caso no avanzaba con la rapidez esperada. La movilización afectó a miles de automovilistas y transportistas que quedaron varados en ambos sentidos de la autopista.
El reclamo también alcanzó al Poder Judicial. Los manifestantes expresaron su inconformidad con las decisiones del Juzgado de Oralidad Penal de San Martín Texmelucan y dirigieron sus críticas al juez Arturo Barranco Montoya, a quien responsabilizan de resoluciones que, a su juicio, han favorecido la impunidad en distintos casos.
Los cuestionamientos hacia el juzgador no son nuevos. Su nombre ha aparecido previamente en publicaciones periodísticas relacionadas con críticas al desempeño de jueces del Poder Judicial de Puebla y en señalamientos de ciudadanos sobre diversas resoluciones, aunque hasta el momento no existe una determinación oficial que establezca responsabilidad en su contra.
Mientras el caso continúa su curso legal, la protesta volvió a reflejar el nivel de inconformidad de un sector de la población, que recurrió al bloqueo de una de las principales vías del país para exigir que las autoridades actúen y que el proceso judicial se desarrolle con transparencia y apego a la ley.
