Por: Antonio Torres Rodríguez
Quiero empezar diciendo que la transparencia no es un regalo de parte de la clase política sino un derecho que se ha conseguido a través de años de una ferviente lucha. Ese mismo principio obliga a los Ayuntamientos a ser tan transparentes como una caja de cristal pero la reciente filtración de las nóminas de municipios como San Martín Texmelucan, San Salvador El Verde, Chiautzingo, Huejotzingo y otros muchos más demuestra que, en la práctica, el cristal suele estar empañado.
La obligación de transparentar el ejercicio de los recursos públicos usualmente se cumple por dos razones: para cumplir con la ley que obliga a ciertos sujetos o bien por accidente, siendo este último caso cuando se dan filtraciones y es ahí en donde se han dado a conocer recientemente las nóminas de muchos de los Ayuntamientos poblanos.
El asunto ha sido bastante escandaloso y con justa razón pues mientras los habitantes de tales municipios se enfrentan a problemas bastante graves como la falta de seguridad y deficiencias en la prestación de servicios públicos, calles llenas de baches y otros más, los sueldos que se observan en tales filtraciones son de primer mundo.
Funcionarios ganando sueldos de más de cincuenta mil pesos en municipios con tantas carencias es un insulto a los gobernados. Éticamente resultan bastante cuestionables los montos que perciben funcionarios de nivel medio en municipios como Huejotzingo o Chiautzingo y que compiten claramente con los de municipios de la zona conurbada mientras los elementos policiacos batallan por cumplir su función con armamento limitado.
Basta con analizar los nombres que le ponen a plazas que resultan ser poco funcionales si de beneficio social hablamos, es más, por lo rimbombante del nombre de esas plazas más bien parece que los Ayuntamientos se convirtieron en agencias de colocación para los cuates de quienes gobiernan.
No debemos perder de vista que las leyes en materia de transparencia obligan a mantener actualizados los tabuladores así que el hecho de que esta información se conozca a través de filtraciones y no a través de los portales oficiales enciende los focos de alerta.
Un gobierno que teme a la publicación de su nómina es un gobierno que sabe que sus prioridades están invertidas por lo que tales filtraciones no deben quedar sólo en morbo sino que debe obligar a exigir mayor transparencia de quienes ejercen recursos públicos porque dadas las cifras, que por cierto, ni uno sólo de tales Ayuntamientos han salido a desmentir, es notorio que el bienestar de la burocracia crece a una velocidad diferente al bienestar de los municipios.
La caja de cristal se ha roto, y al ciudadano no le agrada nada lo que se ve desde fuera.






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