Desde el micrositio Con Copia Oculta, las organizaciones Data Cívica e Intersecta revelaron parte de una base de datos del Gobierno de México sobre eventos de violencia y homicidios vinculados al crimen organizado y su combate, durante la llama “guerra contra el narco“.
La información en el sitio web comprende del periodo de 2017 a 2020, siendo una parte de los 16 años, que de acuerdo con las organizaciones, el Gobierno mexicano tiene de información.
Los datos recopilados revelan que durante esos casi cuatro años, las autoridades registraron 58 mil 183 hechos violentos en el país, dejando al menos 70 mil 898 personas fallecidas. En el 98.9% de estos, al menos uno de los muertos era un “presunto delincuente”, pese a que no contaban con la información para clasificarlos de esa manera, pues solo en el 5.4% de los casos se registró el grupo criminal al que supuestamente pertenecían.
Además, solo en el “52.6% de las ocasiones se anotó el nombre de la víctima, cifra que baja hasta 36% cuando fue resultado de un enfrentamiento en el que las autoridades dispararon“. La presencia de acciones legales, por otro lado, solo fueron observadas en el 22.3% de los casos.
La información recabada contrasta con la “narrativa que se ha mantenido durante tres sexenios, que, por un lado, criminaliza a personas civiles y, por el otro, justifica y minimiza el abuso de la fuerza de las autoridades”, expusieron Data Cívica e Intersecta.
Dan como ejemplo la clasificación de “agresión“, presentada en el 9.3% de los eventos registrados, en las que se da por hecho que cuando alguna participó en un cruce de fuego, esta fue la parte “agredida” y que solo repelió el ataque.
Así, el reporte sostiene que la base de datos del Gobierno tiene registros alterados, posicionando a casi la totalidad de las víctimas como delincuentes, así como absolviendo a las fuerzas armadas de toda culpa, pues estaban defendiéndose de una “agresión”.
“No sólo hay deficiencias de información cuando se trata de enfrentamientos entre grupos delincuenciales rivales o hallazgos de cuerpos, que se podrían explicar por una incapacidad para recabar todos los detalles, sino que se nota una preocupante falta de datos en los reportes cuando participan autoridades, lo que lleva a pensar que se trata de sesgos deliberados y malintencionados“, destacaron las organizaciones civiles.
La información en la base de datos del Gobierno, encontrada entre los correos de la SEDENA filtrados por el colectivo el hacktivista Guacamaya, resulta ser “una continuación” de la declaración del expresidente Felipe Calderón de la “guerra contra el narco”.
Las organizaciones admitieron que, aún con los sesgos y omisiones de información, “la base de datos sirve para comprender la lógica bajo la cual el Estado combate al presunto crimen organizado“.
Por ejemplo, con base en los 130 mil 583 homicidios señalados por el Registro de Mortalidad del INEGI y las 71 mil muertes registradas por la base de datos, el Gobierno atribuye entonces el 54.2% de los asesinatos en el país a la “guerra contra el narcotráfico“.
Otro punto destacado es la lista de los estados con mayores cifras de asesinatos vinculados al crimen organizado y su combate, encabezada por Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Michoacán. Estos incluso tienen una mayor representación en la base oculta, ya que concentran más registros que los del INEGI.
Los hallazgos compartidos por Data Cívica e Intersecta reflejan la creencia del Estado de que la violencia vinculada con la delincuencia organizada tiene que ser de su principal atención e intervención. “Pero también un reflejo no intencional de la participación activa del Estado y sus agentes en la generación de la violencia homicida relacionada con el combate de ese fenómeno”.
Asimismo, de acuerdo con las organizaciones, “revela la solidificación de la estrategia de militarización de la seguridad pública de los últimos sexenios y la estigmatización de las víctimas que ésta ha cobrado”, de manera que el Gobierno “ha mantenido la guerra contra el narco”.
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