Por: Antonio Torres Rodríguez
El primer año de gestión de Claudia Sheinbaum Pardo como la primera mujer Presidenta de México, iniciado el 1 de octubre de 2024, marca un parteaguas. Su administración se ha caracterizado por la profundización de la Cuarta Transformación, manteniendo la alta aprobación y el estilo de gobierno austero y cercano a la base social de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. No obstante, el desafío inicial ha residido en balancear la continuidad del proyecto político con el sello personal de una científica de formación.
En este primer ciclo, la atención se ha centrado en reformas clave, como la referente al Poder Judicial, y el avance de programas de bienestar social como eje rector. Este periodo inaugural subraya la estabilidad de la alianza gobernante, pero también enfrenta el escrutinio de la oposición ante la concentración de poder.
Este primer año ha enfocado sus esfuerzos en áreas como la seguridad buscando replicar el éxito de su estrategia en la Ciudad de México a nivel nacional. Sin embargo, persisten desafíos estructurales de gran magnitud, especialmente en materia de derechos humanos y el abordaje de la crisis de desapariciones. La politización de temas cruciales, como la elección judicial, ha generado preocupación entre los analistas sobre el riesgo de socavar la independencia de las instituciones democráticas, siendo este uno de los puntos más álgidos de su primer informe.
El primer año confirma el poder hegemónico de la coalición gobernante y la lealtad de la base social, manifestada en eventos masivos como el celebrado en el Zócalo. La presidenta Sheinbaum ha logrado iniciar su mandato con una aprobación robusta, lo que le otorga un capital político considerable para impulsar su agenda. El tono de su gobierno ha sido de reafirmación del proyecto de nación y la lucha contra el «neoliberalismo» pasado. Para el resto de su sexenio, la capacidad de su administración se medirá por la eficacia en la implementación de las grandes obras y programas sociales heredados y propios, así como por la habilidad de generar crecimiento económico y abordar de manera contundente la crisis de violencia, mientras gestiona la dinámica de colaboración con el poder legislativo y los poderes fácticos.
