Por Redacción
El Cabildo de San Martín Texmelucan ha aprobado la entrega en comodato de una fracción de la parcela 67-Z-1P-1/1 del ejido —ubicada en la Unidad Deportiva Bicentenario— a la empresa Comercializadora de Materia Prima y Reciclaje, S.A.S., para la instalación de un centro de reciclaje de llantas. Aunque se argumenta que esta medida responde a una necesidad ambiental urgente, surgen preocupaciones sobre la transparencia, la planeación urbana y el uso de espacios públicos para fines empresariales.
La zona en cuestión forma parte de uno de los pocos espacios recreativos del municipio, lo que ha generado cuestionamientos sobre el criterio detrás de su selección. ¿Por qué establecer un centro de tratamiento de residuos en una unidad deportiva?, ¿no existen otros predios más adecuados y alejados de zonas recreativas y residenciales?
Durante la sesión del Cabildo, la síndica municipal Alma Delia Cruz Alvarado pidió que se delimite con claridad la fracción exacta del terreno a ceder, al tiempo que propuso incluir cláusulas que permitan revocar el comodato en caso de incumplimientos ambientales. Sin embargo, la aprobación del comodato avanzó sin que se hicieran públicos los estudios de impacto ambiental ni las condiciones contractuales completas.
El regidor Gabriel Picazo defendió el proyecto como una solución al abandono crónico de neumáticos en caminos y lotes baldíos del municipio. Pero si bien el reciclaje de llantas es una necesidad evidente, el proceso con que se tomó esta decisión deja dudas: no se han informado los mecanismos de participación ciudadana, ni si hubo licitación o análisis de otras propuestas.

El alcalde Juan Manuel Alonso celebró la medida como un paso importante en la agenda ambiental de su gobierno. Sin embargo, la falta de debate público y el carácter privado de la empresa beneficiaria alimentan sospechas de favoritismo y opacidad. En un contexto donde los intereses privados frecuentemente se disfrazan de compromiso ecológico, los texmeluquenses merecen saber: ¿a qué costo se recicla?
Finalmente, se instruyó a la Contraloría Municipal vigilar el proceso. Pero la experiencia ciudadana indica que estas promesas de vigilancia muchas veces se diluyen en la práctica, dejando vía libre a acuerdos poco claros.
La instalación de un centro de reciclaje puede ser un avance, sí, pero debe hacerse con transparencia, participación y sin comprometer el uso comunitario del espacio público. Lo contrario no es gestión ambiental: es cesión silenciosa del territorio.






