Por José Manuel Trinidad Corona
San Martín Texmelucan, Puebla. La administración municipal encabezada por Juan Manuel Alonso, presidente municipal emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras revelarse otro presunto desvío de recursos públicos bajo el pretexto de alimentar a ocho perros que integran la unidad K-9 de la Secretaría de Seguridad Pública.
De acuerdo con documentos oficiales del Ayuntamiento, se autorizaron $527,500.00 pesos mensuales para la adquisición de alimentos, vacunas y vitaminas para los canes. No obstante, un análisis comparativo con los costos reales de mercado evidencia un presunto sobreprecio de dimensiones escandalosas.
Aun considerando croquetas de alta gama como la marca Nupec, cuyo precio por bulto de 20 kilogramos ronda los $1,800 pesos, el gasto mensual estimado para alimentar adecuadamente a los ocho perros no debería superar los $10,800 pesos.
Esto implica una diferencia de más de $516,000 pesos mensuales, que al proyectarse anualmente representa un presunto desfalco superior a $6.3 millones de pesos del erario público.
Más allá de la cifra, la situación se agrava al constatarse según reportes internos y testimonios que los animales presentan signos visibles de desnutrición y abandono, lo que pone en duda que los recursos asignados estén siendo utilizados para su alimentación y cuidado. Esta contradicción apunta a una posible simulación administrativa, encubierta bajo una causa socialmente sensible: el bienestar animal.
Los recursos fueron etiquetados dentro del programa presupuestal “Honestidad y Seguridad Ciudadana para Construir Juntos un Futuro con Paz Social”, bajo el componente administrativo de fortalecimiento a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. No obstante, la justificación del gasto no cuenta con sustento técnico ni evidencia documental que respalde la magnitud del monto.
El concepto de gasto aparece en el oficio SSPTM/DA-0089/2025, con fecha 17 de enero de 2025, aprobado conforme a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y el Reglamento Interno de la Tesorería Municipal. Paradójicamente, estos ordenamientos también exigen que las erogaciones públicas cumplan con principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Este hecho se suma a una serie de señalamientos que han empañado la actual gestión de Juan Manuel Alonso, entre ellos: adjudicaciones directas sin licitación, obras con sobrecostos, opacidad en la publicación de contratos, y ahora, la presunta utilización del bienestar animal como fachada para justificar gastos inflados.
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