Un policía ministerial, identificado como Rafael Ocotitla Pérez, participó en los cateos y diligencias realizadas en bares y centros nocturnos de San Martín Texmelucan, donde se buscaba identificar delitos contra la salud, específicamente la localización de drogas como cristal, marihuana y cocaína. En este contexto, el policía ministerial se adelantó a las diligencias y buscó a cada uno de los dueños para negociar y alertarlos sobre la visita de la Fiscalía General del Estado de Puebla.
Durante los cateos, se aseguraron diversos antros, bares y centros nocturnos vinculados a actividades ilícitas, incluyendo la trata de personas. En estos operativos, también se localizó a tres mujeres de origen extranjero que, de acuerdo con su declaración, estaban siendo explotadas para realizar actividades sexuales de forma obligada. Este policía ministerial, que participó en la diligencia en estos lugares, ahora exige entre 150,000 y 350,000 pesos a cambio de permitir la reapertura de los negocios en un plazo de 5 a 7 días.De acuerdo con los documentos enviados a este medio de comunicación, se detallan los resolutivos del aseguramiento. Cabe señalar que los dueños de los establecimientos están siendo presionados para entregar estas cantidades de dinero para que sus locales sean reabiertos y para que se retiren las acusaciones en su contra sin una investigación previa.**Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos**La Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDHPuebla) emitió una recomendación dirigida al Procurador General de Justicia, Héctor Maldonado Villagomes, en la que solicita que se investigue la actuación de seis agentes de la Policía Judicial. Esta recomendación surge a raíz de la denuncia de un hombre que asegura haber sido detenido con violencia, que le vendaron los ojos y que, durante el traslado ante el agente del Ministerio Público, fue golpeado en reiteradas ocasiones.
Según la recomendación número 35/2003, el 16 de octubre de 2002, personal de la Comisión recibió una llamada de un interno del Centro de Readaptación Social conocido como San Miguel, quien solicitó que se recibiera su denuncia. Por este motivo, agentes de la CDHPuebla se presentaron en el penal, donde el interno Álvaro N. relató que el 9 de octubre de 2002, alrededor de las 15 horas, fue detenido en su domicilio por seis agentes de la Policía Judicial. Los agentes lo sacaron de su casa, lo esposaron y lo encañonaron con las pistolas que portaban.Posteriormente, lo subieron a una camioneta, donde le taparon los ojos con un trapo, y después de recorrer cierta distancia, lo bajaron, lo esposaron con las manos hacia atrás y comenzaron a golpearlo en el cuerpo antes de llevarlo ante el agente del Ministerio Público.
Con base en el relato, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla inició una investigación y obtuvo evidencias que confirmaron el uso de maltrato, golpes y lesiones a Álvaro N. por parte de los agentes de la Policía Judicial Felipe Velázquez Díaz y Rafael Ocotitla Pérez. Por ello, se emitió la recomendación para que el Procurador inicie un procedimiento administrativo de investigación en contra de estos agentes y determine su responsabilidad en dichos actos.
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