Adrián Salazar 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) uno de los principales objetivos del “Día Mundial del Medio Ambiente” es fomentar e impulsar la prevención y reducción de la contaminación plástica con miras a modelos de residuos cero; señala que para poder materializar este compromiso es necesario la participación conjunta de gobiernos, empresas y sociedad civil para así realizar una labor de protección y propuesta transformativa. 

            Bajo ese contexto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que la actual administración federal ha declarado nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP) y entre sus proyectos se encuentra el decreto del ANP Wanha’, en Tabasco, la creación de la Región Gran Calakmul, que se convertirá en la red de Áreas Naturales Protegidas más grande de América para la conservación de selvas tropicales, después del Amazonas. 

            Además de “acciones como Sembrando Vida, para la reforestación de más de un millón de hectáreas (…) el cuidado y conservación de bosques mediante la conformación de más de 3 mil brigadas para el combate de incendios forestales y sanidad vegetal (…) el Programa Nacional para la Conservación de las Tortugas marinas y, para disminuir los efectos adversos del cambio climático se construye la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco (la más grande de toda América y la quinta a nivel mundial) para satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica en Sonora, con lo que se evitará la emisión de 1.4 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, lo que significa sacar de circulación cerca de 270 mil automóviles”.

            Acciones y proyectos que, de ser ciertos y ejecutados conforme lo establece la ley, podrían ayudar, pero, ya sabemos cómo operan los funcionarios de esta administración morenista, que lejos de ayudar, muchas veces terminan agravando los problemas que debieran resolver o se excusan en “otros datos”.

            A propósito, aquí hay otros datos. De acuerdo con La Red Mexicana del Pacto Mundial, nuestro país está lejos de alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), “que marcan al año 2030 como la fecha en la que se deben alcanzar los compromisos internacionales comprometidos por el país para contribuir adecuadamente a reducir la huella de carbono y mitigar e intentar detener el proceso de cambio climático y calentamiento global que están en marcha”. 

            Veamos. De acuerdo con datos del gobierno federal y del Inegi (aún no se actualizan a fechas más recientes), México llegó al gasto per cápita para la protección ambiental más bajo desde el año 2008. En 2020 se tuvo un registro de $792.68 por persona; en 2019 fue de $857.28 y en 2018 de $1,006.76; el máximo histórico corresponde al año 2011, la inversión per cápita fue de $1,123.63 pesos. Es decir, hubo una reducción de 21.3% entre 2018 y 2020.

            Otro aspecto importante a considerar son los fallecimientos por desastres naturales. Entre 2013 y 2018 el promedio anual de personas fallecidas por estas causas fue de 580; en 2017 se registró la cifra récord debido a los sismos que se registraron en septiembre de ese año. Entre 2019 y 2021 el promedio es apenas inferior, 535 fallecimientos por año, con lo que van ya 1,605 personas fallecidas por dichos motivos, siendo el 2019 año que registra la cifra más alta: 616 defunciones.

Asimismo, el tratamiento de aguas residuales es un grave problema al que se enfrenta nuestro país, y respecto del cual no hemos logrado avanzar significativamente, por el contrario, en 2020 ha caído el volumen de aguas tratadas comparado con los datos del 2015. Los datos muestran que en 2018 y 2019 se había llegado al récord del porcentaje de aguas residuales tratadas, con 49.6% y 49.1% del total, que recibieron tratamiento, pero en 2020 el porcentaje cayó a 43.09%; cifra similar a la registrada en 2015 cuando fue de 43.13 por ciento.

            Respecto a las áreas verdes, existe una recomendación por parte de la Organización Mundial de la Salud, disponibilidad de 16 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. En México el promedio para las áreas urbanas en 2020 es de 15.2 metros cuadrados, pero si sólo se considera a las ciudades (localidades de más de 15 mil habitantes), la disponibilidad promedio se reduce drásticamente a 5 metros cuadrados por habitante. Los estados con menor disponibilidad de áreas verdes per cápita son: Baja California, con 3.6; Chihuahua con 3.9; Quintana Roo con 6.5; Baja California Sur con 6.4; Sonora con 7.2 y Durango con 7.7.

            Es en este punto donde quiere poner de relieve la participación activa de algunos vecinos de distintos municipios de la Mixteca Baja de Puebla, como Guadalupe Santa Ana, donde de forma conjunta, antorchistas y vecinos se han dado a la tarea de impulsar jornadas forestación en algunas zonas de sus comunidades, lo mismo que en San Pablo Anicano y San Pedro Yeloixtlahuaca, con el objetivo de abatir las altas temperaturas que se registran en la zona y donde escasea el agua potable. 

            No menos importante es la participación de los estudiantes de diversas escuelas donde los docentes buscan inyectar en los niños y jóvenes esa conciencia del cuidado al medio ambiente a través de diferentes actividades, aparte de las campañas de forestación, talleres que promueven las “3R”, reducir, reutilizar y reciclar, con el objetivo de emitir menos contaminantes. 

            Las consecuencias de no cuidar el medio ambiente, que ha sido atrozmente devastado por los grandes capitales mundiales, traen graves y severas consecuencias a nivel mundial, de las cuales muchas veces no cobramos conciencia, sin embargo, cada año millones de personas son desplazadas por los desastres naturales. 

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, el año pasado los desastres, incluyendo las inundaciones en Pakistán y el tifón Noru en las Filipinas, provocaron 32,6 millones de desplazamientos internos, la mayor cifra de la historia. Se espera que esa cifra siga aumentando puesto que la frecuencia, la duración, y la intensidad de los desastres naturales empeora en el contexto del cambio climático. 

Según proyecciones del Banco Mundial unos 216 millones de personas podrían convertirse en migrantes climáticos internos en 2050 si no se toman acciones colectivas en el ámbito de la acción climática.