–Respecto al paro de labores del Poder Judicial, comentó que si bien es su derecho, confió en que el buen juicio llegue a los juzgadores y dejarán de lado los intereses ajenos a la impartición de justicia.
El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, reiteró que en los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial, se escucharon las diversas voces involucradas, incluyendo a los trabajadores, y hoy el dictamen ya está en revisión por parte de los distintos grupos parlamentarios.
Agregó que una vez discutido y -en su caso- aprobado, se remitirá a la Mesa Directiva para continuar con el proceso legislativo.
Respecto al paro de labores del Poder Judicial, Mier Velazco comentó que, si bien están en su derecho, sus propuestas ya fueron incluidas en el dictamen, y advirtió que hay una composición casi feudal que tiene el Consejo de la Judicatura Federal a través de magistrados y de jueces que son los que utilizan esta incertidumbre para desinformar a los trabajadores.
Por lo anterior, hizo un llamado a la reflexión y análisis del dictamen con lo que quedó establecido y dejar a un lado los intereses ajenos a la impartición de justicia a fin de que el paro sea levantado.
El también senador electo comentó que algo que ha adolecido el Poder Judicial es el buen juicio, pero confió en que después de que analicen bien el proyecto de dictamen “el buen juicio de los juzgadores va a aparecer».
Nacho Mier aseguró que, como quedó confeccionado, el dictamen garantiza todos los derechos a los trabajadores, incluidos los ministros y magistrados.
«Y por otro lado, la posibilidad de que, en condiciones de equidad y de transparencia, puedan aspirar todos los que tienen carrera judicial a que, sin que haya favoritismo, sin que se tuerza la decisión por encima de sus capacidad, puedan ser electos por el pueblo de México», agregó.
Finalmente, subrayó la viabilidad de presentar una reserva sobre la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador para considerar en la iniciativa un mecanismo de protección para los juzgadores que resuelvan asuntos en materia de delincuencia organizada.
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