Columna

Hay prioridades

Adrián Salazar

Reza un dicho popular que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. El 10 de abril está a la vuelta de la esquina y parece ser lo único que le importa al gobierno federal que encabeza, Andrés Manuel López Obrador, mientras que, para el común de los mexicanos el incremento constante que está teniendo la inflación y el encarecimiento de los productos es lo que preocupa al promedio de los mexicanos.

    De acuerdo con los datos más recientes presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la primera quincena de marzo la tasa de inflación mexicana subió hasta el 7.29% luego de que se presentara un aumento de los precios en este periodo del 0.48% respecto a la quincena anterior. 

El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque elimina artículos de alta volatilidad en sus precios, aumentó el 0.35% quincenal y dejó la tasa anual en el 6.68%, mientras que el índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 176 productos y servicios, presentó un aumento del 0.51% quincenal y del 7.88% interanual, señaló el Inegi.

En tanto, en el mes pasado se registró el encarecimiento de productos como limón, aguacate, chile y tortilla, provocando así que la canasta básica se disparara un 14.7 por ciento en su precio, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Sin embargo, lo que verdaderamente preocupa a los gobernantes, “representantes del pueblo”, es el tema de la “revocación de mandato” y no atender ni resolver los problemas más urgentes y graves por los que atraviesa el país, como en el sector educativo, de salud y económico, por ejemplo; por el contrario, buscan hacer difusión por todos los medios posibles a dicha parafernalia de la política morenista. 

Para dicho efecto, la bancada morenista, en la Cámara de Diputados, junto a sus aliados, en fast track regularon la propaganda gubernamental mediante un decreto de “interpretación”, para permitir a los funcionarios públicos promover el proceso de revocación de mandato sin que sean acreedores a algún tipo de sanción. 

Dicho decretazo señala que “las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables, no constituyen propaganda gubernamental. Tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público”.

La definición de qué es propaganda gubernamental busca que todo servidor público, desde el presidente hasta los legisladores, alcaldes o funcionarios, puedan realizar expresiones de carácter político con el único límite de no usar recursos públicos. Es decir, cualquier funcionario y servidor público puede hacer difusión de la revocación de mandato teniendo como única restricción el no usar el erario ¿será?

En consecuencia, algunos expertos en la materia, señalaron que dicho acto (decretazo) debe ser revertido por la Suprema Corte porque, entre otros factores, está mal redactado en términos jurídicos en cuanto a la interpretación de artículos constitucionales.

De acuerdo con Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, esta estrategia de la bancada oficialista es maquiavélica, y señaló que este ejercicio tiene un objetivo político electoral y sin ninguna finalidad de carácter jurídico constitucional. “Ningún decreto ni criterio de interpretación está por encima de lo que marca la Constitución». 

Itém más. La magistrada Gabriela Villafuerte Destacó que en el fondo la consulta del 10 de abril no está basada en una petición expresa de ciudadanos ni partidos de oposición, sino por el partido gobernante, hecho que le quita credibilidad considerablemente, además de que la ley es clara. 

Pero, pese a que la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) señaló que el decreto que permite a servidores públicos difundir propaganda no aplica a la revocación de mandato, los cuadros destacados (¡?) de Morena siguen en la lucha, insistiendo en promocionar la revocación y acusando a las autoridades competentes de coartar su libertad de expresión y aún hay quienes no dudan en hacer valer la ley.

“La constitución señala que partidos políticos y los actores que participan deben callarse la boca desde los momentos de veda electoral Así es esto: no es un tema de libertad de expresión mal entendida por el presidente y, como la plantea Morena, es una perversión de la libertad de expresión. Es claramente una manipulación una tergiversación, fraude a la constitución», manifestó Gabriela Villafuerte.

Mientras tanto, entre dimes y diretes, veremos si los funcionarios de Morena acatan la ley y la respetan o, como en otras ocasiones, hacen de ella sólo de papel de baño mientras que millones de mexicanos siguen tronándose los dedos porque no hallan el cómo llevar el pan diario a la mesa de su hogar. En fin, hay prioridades. 

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