Desde la sede de Los Pueblos Indígenas, lugareños de Juan C. Bonilla reciben ayuda vs Bonafont

Por: Eduardo Jiménez Flores.

Los pueblos unidos de la región de los volcanes Izta-Popo reciben apoyo desde la Ciudad de México, de la sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en el que decretaron el #cierre definitivo de la empresa #Bonafont.

El pasado jueves, en el Día Internacional de la Madre Tierra, se cumple el primer mes del plantón indefinido que mantienen pueblos nahuas de la región del Izta-Popo frente a la embotelladora Bonafont, ubicada en la carretera México-Puebla, a la altura del municipio de Juan C. Bonilla.

Desde entonces, los lugareños organizados, quienes reciben el apoyo de la comunidad otomí, no han permitido que la multinacional de origen francés vuelva a operar.

Con información de propias organizaciones comparten que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ya tiene precencia en el lugar en apoyo de la causa.

Por otro lado, los lugareños crearon una comitiva de pobladores de cuatro municipios de la región, procedentes de San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla, Coronango y San Andrés Calpan, comitiva que fue la encargada que se trasladó a la capital al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

En conferencia de prensa, denunciaron el despojo del agua que lleva a cabo la empresa transnacional en los últimos 29 años.

Expusieron que la lucha que han iniciado los pueblos del volcán en contra del saqueo de su recurso hídrico ha sido indiferente y criminalizada por parte de las autoridades y empresarios.

Relataron que el pasado 22 de marzo se decidió tomar por acuerdo de asamblea la planta Bonafont, que se instaló en el territorio en 1992 con el nombre de Embotelladora Arcoíris SA de CV, debido a que más de la mitad de los pozos artesanales que hay en la zona se han secado.

“Sabemos que defender el agua, la tierra y la vida, no es un delito; contrario a lo que señaló Fabrice Salamanca, vicepresidente de asuntos Corporativos de la Bonafont, quien en algunos medios criminaliza la protesta y la denota como ilegal y arbitraria”, respondieron.

Sumando a lo anterior, señalaron que la Fiscalía General del Estado de Puebla ha utilizado como estrategia la persecución y la intimidación, amenazándolos con ser detenidos sino no levantan el plantón.

Ante lo expuesto, responsabilizaron a los presidentes municipales de Juan C. Bonilla y San Pedro Cholula, Joel Lozano Alameda y Luis Alberto Arriaga Lila, respectivamente, así como al gobierno del estado y federal por la seguridad de cada uno de los manifestantes.

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