Por Adrián Salazar

Nuestro país, y con ello también el estado de Puebla y capital, se encuentran en la fase tres de la pandemia provocada por el Coronavirus. En esta nueva etapa se espera, de acuerdo con las autoridades sanitarias, el aumento en el número de contagios y muertes por covid-19. A nivel nacional existen –según cifras oficiales-, 12 mil 872 casos de contagio y mil 221 muertes por este virus, de los cuales, 272 contagios y 36 defunciones han sido en la capital poblana.

Ahora, en esta nueva fase, las autoridades nuestro país intensificaron algunas medidas sanitarias, como extender hasta el 30 de mayo el confinamiento voluntario de la población, se suspenden las actividades laborales no esenciales y se mantiene la suspensión de actividades en espacios públicos como parques, plazas comerciales, playas o centros deportivos y religiosos. Las instituciones educativas continúan cerradas. Así vivimos hoy, o por lo menos eso intentamos.

Aunque las medidas adoptadas parecieran ser correctas, lejos de ellos trae graves consecuencias para millones de familias pobres, alrededor de 700 mil en Puebla capital. El confinamiento se da, para las familias depauperadas, lejos de las condiciones adecuadas. Viven hacinadas en pequeños cuartos donde es imposible mantener la “sana distancia”. Carecen de servicios elementales como el agua potable, lo que les impide lavarse las manos 20 veces al día. Y lo peor de todo: no tienen que comer.

Muchas de estas familias sobreviven a las actividades económicas no formales pero que les permite, aunque sea magramente, llevar un pan a su mesa. Dentro de estos, están quienes se dedican a limpiar parabrisas en los semáforos, los que trabajan de “viene-viene” en las calles o estacionamientos de mercados, quienes se dedican al comercio de materiales reciclables buscándolos entre los montones de basura de cada esquina y quienes de alguna u otra forma se dedican a comerciar cualquier mercancía con los transeúntes de las principales calles o cruceros de la ciudad.

A todas estas familias, que son miles, las disposiciones de las autoridades los colocan en la grave disyuntiva de contagiarse con Covid-19 al salir a buscar el sustento diario de sus familias o quedarse con ellas en casa a morirse de hambre. La respuesta por parte de esta clase trabajadora no se ha hecho esperar. Aún con la voz acusadora de algunos medios informativos, el riesgo real de poder contagiarse y de las amenazas de represión por parte de los gobiernos de Morena, los menesterosos salen día a día a buscar honradamente el pan.

Esta situación pone en tela de juicio la viabilidad de las “recomendaciones” de las autoridades, pues, aunque las familias quieran quedarse en casa, es más importante tener recursos para no padecer hambre. En el caso de los comerciantes ambulantes, que tanto han sido criticados por ofertar sus productos en las calles del Centro Histórico de la Angelópolis, esa nueva realidad los ha obligado a llevar sus productos a donde se encuentra la gente que puede comprárselos, las colonias populares.

Tianguis como el de Viveros del Valle, La Unión, San Isidro, entro otros, se han vuelto importantes centros de comercio, donde las familias de escasos recursos acuden a tratar de adquirir a bajo costo lo necesario para poder comer. Es decir, los tianguis populares benefician a las familias humildes de las colonias que se ubican en el cordón de pobreza del norte y sur de Puebla y, a su vez, a los propios comerciantes. ¿A dónde más podrían, estos comerciantes ambulantes, ir a ofertar sus mercancías? ¿A los fraccionamientos privados? ¿A las zonas residenciales? No lo creo.

Sin embargo, el gobierno del estado de Puebla, encabezado por el morenista Luis Miguel Barbosa Huerta, parece no darse cuenta de esta realidad. El comercio informal sigue siendo una válvula de escape para la sociedad en esta devastada economía. Lejos de contribuir con el diseño de un plan que permita que sigan operando bajo las medidas sanitarias necesarias, amenaza con la represión.

En algunos casos, como los tianguis donde laboran los comerciantes adheridos a las filas del Movimiento Antorchista, se implementa la sanitización de los espacios, que los vendedores utilicen gel antibacterial, cubrebocas, además de ofrecerlos también todo aquel que llega a dichos tianguis. Es decir, lo comerciantes busca la forma de poder seguir trabajando adoptando en lo posible las medidas de las autoridades sanitarias, pues quedarse en su casa, sería morir de hambre.

Eso le falta al gobierno morenista, mayor visión, sensibilidad política para diseñar de forma conjunta planes que permitan el funcionamiento de la economía y no un detenimiento abrupto de ella. Si a estas miles de familias que viven del comercio informal se les arrebata su única fuente de ingresos, ¿qué opción les quedará? ¿A dónde los orilla el gobierno? Sin opciones y con hambre, la respuesta podría ser desastrosa.

Hacemos un llamado al Gobierno del estado a que reflexione sobre su estrategia, pues lejos de solucionar el problema lo está agravado, y el descontento social puede ser difícil de contener. Estamos a tiempo pues, e corregir el rumbo, de redireccionar el actuar y pensar en atender las necesidades de cientos de miles de familias que lo único que buscan es tener alimento en su mesa durante esta cuarentena, de lo contrario ¿a dónde irán, los ambulantes, a dónde irán?

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